1. Ese año el juez Juan José Martínez Zato expedientó a nueve carceleros del centro por torturar a presos de ETA.

2. El jefe de la Inspección de la Fiscalía, Juan José Martínez Zato, ordenó la apertura de un expediente disciplinario por considerar que se trataba de una "violación del principio de imparcialidad". El caso fue instruido por el fiscal del Tribunal Supremo, José Íscar, quien formuló cargos contra el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, y la fiscal Márquez de Prado por una falta muy grave de "conducta irregular que compromete la dignidad de la función fiscal". Aunque esa falta llevaba aparejada una sanción de entre un mes y un año de suspensión de empleo y sueldo, el entonces fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, la rebajó a una multa de 50.000 pesetas (300 euros). Finalmente, en enero de 1''8, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, nombrada del PP, dejó sin efecto las sanciones.